El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión especial investigadora para fiscalizar los actos del gobierno en el proceso de confección del fracasado Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, que se inició el año 2015.

La iniciativa está liderada por el diputado del Movimiento Autonomista Diego Ibañez, Carolina Marzán del PPD, Camila Flores de Renovación Nacional y Pablo Kast de Evópoli.

El grupo también se abocará a recabar antecedentes, a partir del año 2011, sobre los planes, medidas y actuaciones que han llevado a cabo u omitido los Ministerios de Medioambiente, Salud y Energía e Interior, en torno a la gran contaminación que por años han soportado sus comunidades.

La diputada del PPD, Carolina Marzán, precisó que la petición consigna además del último acto registrado del plan, el decreto supremo que data de enero de 2017 del Ministerio de Medioambiente, en el cual consta el procedimiento que posteriormente es cuestionado por la Contraloría General de la República por utilizar datos de inventario diferentes a los reales.

“Realizar un llamado al Estado para que de una vez por todas fiscalice de manera real, con mecanismos serios y objetivos, respecto a toda la contaminación que afecta a toda la comunidad, los vecinos de todos estos sectores”, afirmó.

Los considerandos recuerdan que las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví, han sido públicamente reconocidas por sufrir importantes daños medioambientales a raíz de la desmedida actividad industrial que comenzó en 1955, con la instalación de la refinería de petróleos de Concón; seguida en 1958 por Chilgener; en 1961, con el complejo industrial Ventanas; y en 1964, con la llegada de Enami, también a Ventanas.

Uno de los episodios más publicitados ocurrió el 23 de marzo de 2011, día en que se produjeron emanaciones de gas contaminante y tóxico desde la fundición y refinería Ventanas de Codelco, que afectaron a 20 alumnos y siete profesores de la escuela La Greda, en Puchuncaví, y generó náuseas, problemas respiratorios y molestias generalizadas en toda la comunidad.

En total, serán tres meses y 12 reuniones, en la medida en la que accedan a participar los alcaldes de las comunas afectadas, seremis anteriores y actuales, sumados a representantes del cordón industrial de la denominada zona de sacrificio.